El 4,5% de la población española es mayor de 80 años, 2.500.000 pensionistas, la mayoría 
de ellos con achaques y enfermedades propias de su malgastada vida por sobrevivir y muchos, crónicos, si a estos añadimos: los enfermos de cáncer, los afectados por infartos, los de insuficiencia respiratoria, renal…, también crónicos, el número aumenta, afectándoles sobremanera a todos ellos: la subida del IRPF, el Copago sanitario, el euro por receta en algunas CCAA, o la privatización de la tele-asistencia, anunciada ya por algunos ayuntamientos.
Medidas que se agravan en el ámbito rural, principalmente en invierno, con poblaciones de edad avanzada mayoritariamente, dispersa y lejana a los Hospitales, una atención primaria en muchos casos semanal. Privatizadas las ambulancias que les obligan a pagar su traslado por una urgencia médica al centro sanitario u hospital correspondiente, al cerrar urgencias nocturnas. Todos ellos, sean mayores o crónicos, sin centros de salud cercanos, sin ambulancias, sin medios auxiliares, están abandonados a su suerte.
Y los 5.000 Alcaldes de las poblaciones rurales menores de 1000 habitantes, ¿qué hacen?, grabar impuestos como el IBI, limitar o suprimir prestaciones sociales, y callar ante el paulatino abandono de sus mayores, sin exigir Seguridad Sanitaria y prestaciones sociales, derechos adquiridos por los impuestos de toda una vida. Callan porque los mayores no se manifiestan, su vida está agotada por los sufrimientos al sacar sus hijos adelante en época de penurias con la dictadura, también en silencio, entonces por los caciques de turno, ahora este nuevo revés en su ocaso. ¿Pero, y las distintas oposiciones de esos pueblos?, ¿qué hacen?, enmudecer, ni una sola voz clamando atención para nuestros/sus mayores.
Mientras tanto el gobierno del Sr. Rajoy, aplica su «Solución Final», imitando al III Reich nazi setenta años después, para el aniquilamiento de mayores y crónicos en pocos años, estrategia urdida seguramente como parte del ahorro en el gasto de pensiones, una de las exigencias de la UE. Contando indirectamente con la complicidad de alcaldes, ediles y oposición política al callar.
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