El Capital, con medios humanos a su servicio y tiempo para desarrollar nuevas fórmulas de negocios donde obtener beneficios, en 1997 a través de sus representantes en el gobierno presidido por Aznar, presentó al parlamento una Ley de Sanidad, aprobada con los votos del PP, PSOE, PNV, CIU y CC.

La ley aprobada fue la 15/97, del 25 de abril y firmada por José María Aznar López,  ley donde se daba nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, germen de la privatización de la sanidad pública que ahora nos acontece.

La Ley 15/97 contiene un artículo único con dos puntos:
2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y socio sanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.

Con un preámbulo exponiendo los siguientes motivos:
– Al objeto de ampliar las formas organizativas de la gestión de los centros sanitarios, de la Ley 14/1986, de 25 de abril,  se editó el Real Decreto ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, vino a establecer que la administración de los mismos pudiera llevarse a cabo, no sólo directamente, sino indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en Derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones u otros entes dotados de personalidad jurídica, pudiéndose establecer, además, acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas, y fórmulas de gestión integrada o compartida, generalizando las previsiones contenidas en diversas leyes dictadas por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Por último, el proyecto de Ley, en términos similares al Real Decreto-ley anterior, recoge las distintas formas previstas en la legislación vigente, de gestión de los servicios a través de medios ajenos, haciendo hincapié en la posibilidad de establecer -cualesquiera que sean sus modalidades- acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, adecuándose a las garantías establecidas en la Ley General de Sanidad.

A esa Ley siguieron otras como las de la Comunidad de Madrid, el decreto 52/2010, de 29 de julio, por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el director del centro de salud se configura como un gestor de recursos materiales y humanos. Un poco más tarde, el 31 de octubre, presenta un plan que prevé privatizar totalmente los hospitales semi-públicos construidos en los últimos años, y parcialmente el resto de hospitales mediante la externalización de los servicios no sanitarios. Reconvertir los Hospitales Carlos III, referente en enfermedades como el VIH o la hepatitis C, y La Princesa en un centro de media y larga estancia, un centro «altamente especializado» para personas mayores de 75 años. Estas medidas provocarán el cierre de los servicios y especialidades hasta ahora desarrollados y eliminación de la investigación, obligará a un cambio de centro a miles de habitantes con el consiguiente despido de cientos de profesionales. También privatizan el 10% de los Centros de Salud, cerrarán el Instituto de Cardiología, reestructurando y centralizando servicios, como por ejemplo, los laboratorios, se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales, cierran asimismo centros de urgencia nocturnos, privatizarán la Unidad Central de Radiodiagnóstico.

Con la reconversión de estos centros, las empresas harán una selección de enfermos, los pacientes caros van a ser derivados a lo que quede de la pública, imponiéndose los incentivos económicos para reducir el gasto, convirtiendo La Princesa y el Carlos III en hospitales de crónicos, chocando con el código hipocrático que debe regir la Sanidad y no exclusivamente el lucro, pretensión de Capio y Ribera Salud, que gestionan actualmente los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón. El resto se regirán por el modelo PPP (partenariado público privado), gestionado por empresas privadas, donde la Comunidad pagará un canon por habitante. No solo es privatizar la gestión, sino el uso y disfrute de los edificios, aparatos, estructuras, mobiliarios, sufragados con nuestros impuestos. Serán recompensados por los servicios prestados nombrando probablemente consejeros delegados, asesores y otros cargos para familiares de los políticos que lo ha hecho posible.

Si a esto añadimos el decreto 52/2010 sobre el del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid, pueden trasladar a los trabajadores de la Sanidad a cualquier punto de la Comunidad, un total de 15.000 médicos, auxiliares y administrativos repartidos en una red compuesta por 32 centros de especialidades, 415 de Atención Primaria y 32 hospitales, con la reconversión habrá traslados al amparo de dicho decreto Ley, y en el momento que notifiquen traslados, casi de inmediato algunos de los afectados recibirán oferta de la empresa adjudicataria, y posiblemente renunciarán a su puesto de trabajo en la Sanidad Pública para poder seguir en el centro actual, tal vez con los mismos emolumentos, pero perderán los derechos adquiridos, y lo que es peor, ajustándose a la nueva ley laboral, retroactiva en decenas de años. Todo estaba estudiado, Hospitales realizados con nuestros impuestos, Reformas en Sanidad y Reforma Laboral, beneficio asegurado, todo bien estudiado, era cuestión de tiempo y ellos lo tenían.

Y encima la intoxicación a la que somete a toda la ciudadanía, por medio de su prensa, radio o TV, donde sus voceros y acólitos realizan el comentario generalizado de «no se puede estar viviendo siempre del todo gratis», incluso de las declaraciones del actual presidente del gobierno Sr. Rajoy  el  5/11/2011 «Meteré tijera a todo, menos a Pensiones, Sanidad y Educación», dijo en los mítines durante la campaña electoral, el muy «Judas» .

Al poco tiempo a los pensionistas les subió el IRPF, el Copago sanitario impuesto por decreto, explicando el Gobierno y dirigentes del PP tras anunciar esta medida, Rajoy dijo el copago farmacéutico son «unos pocos euros al mes», o la del secretario nacional de Sanidad del PP, José Ignacio Echaniz, que aseguró que el pago que asumirán los pensionistas son «cuatro cafés al mes». El Euro por receta es el siguiente paso, todas estas medidas son un asalto a sangre y fuego a los enfermos crónicos como son la mayoría de los ancianos, con achaques propios de la vejez o por las malas condiciones laborales de antaño con enfermedades propias de su malgastada vida por sobrevivir, o a los afectados de enfermedades «raras», los alérgicos, los depresivos, enfermos mentales, los enfermos de cáncer, los crónicos del corazón por un infarto…, la privatización de la tele-asistencia, ya puesta en marcha por algunos ayuntamientos, el siguiente paso será anular los genéricos,  los enfermos en su desgracia se resignarán haciendo suyo el pensamiento del Dalai Lama, «el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional», y aceptarán el consejo de ese medicamento que su galeno habitual le receta y en quien confían, esos mayores con menos dolores se irán de la vida sin sentir hastío de ella, ni darse cuenta que se mueren.

Hay un problema añadido, que por afectar a menos personas pasa desapercibido, son los núcleos rurales con una población mayoritariamente de edad avanzada y una dispersión lejana a los Hospitales, donde la atención primaria en muchos casos es semanal, estas poblaciones se ha visto perjudicada con la privatización de las ambulancias, obligándoles a pagar por su traslado a un centro de atención médica, ya sea por dolencias propias de la edad o por falta de transporte público regular dada la lejanía al centro más próximo, e incluso con la retirada del helicóptero que cubría toda la Sierra Norte de Madfrid, su área más extensa. Sin centros de salud cercanos, sin ambulancias, sin medios auxiliares, volverán las defunciones por los «cólicos miserere» al no poder ser diagnosticadas enfermedades a tiempo, debido al abandono a su suerte.

El resto de la población tiene tres opciones, pagar Sociedades Médicas, otros con menos poder adquisitivo volverá a las «igualas», pagar al médico que te atiende en la S.S., pero en su consulta particular, y los que no tengan nada ni puedan pagar siquiera la medicina, acudirán a la Beneficencia, como antaño, es el  regreso a aquellos tristes años de la autarquía, todo gracias al Partido Prometedor y su partido hermano Compadres i Unidos, punta de lanza de todas las medidas, al aplicarlas en Cataluña primeramente y extendida posteriormente a casi todas las CCAA gobernadas por el PP.

Y ante los actos realizados por los empleados de Sanidad de forma mayoritaria: como son los encierros y manifestaciones de protestas, los responsables políticos y sus altavoces los tachan de acciones políticas y sindicales. Claro que actúan políticamente, la ciudadanía expresa su descontento, al igual que ellos, aplican la Política Económica, Política Laboral, Política Sanitaria, Política Educativa…, según la RAE política es:
– «La manera de conducir un asunto para alcanzar un fin determinado». También la ciencia que trata del gobierno o la dirección de los estados, las ciudades, la actividad del conjunto de los ciudadanos que participa en los asuntos de un estado, una ciudad, una autonomía, etc., con su voto, sus peticiones, sus protestas o de otra forma.»

Claro que es una protesta sindical, según la RAE, sindical es:
– La agrupación o unión de trabajadores destinada a la defensa de sus intereses económicos y laborales.

Debemos de apoyar las protestas, por ellos, por nosotros, por la Sanidad Pública y Universal, sin copagos, ni privatizaciones. Derogación de la Ley 15/97 

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