El nuevo Decreto-Ley de Reforma Laboral aprobado en el Congreso de los Diputados, según los «expertos» para mejorar la economía del país, aumentar la competitividad en los mercados, rebajar el déficit, asegurar el futuro de las prestaciones sociales, medidas que como sigue siendo habitual siempre recaen sobre los trabajadores asalariados, al ser más fáciles de controlar dado que sus ingresos vienen reflejado por una única vía – las nóminas -, diluyéndose en empresarios, grandes capitales y la banca.
El control ejercido sobre los trabajadores, es como un estigma, somos penalizados como si fuésemos los causantes de los males del mercado (a los que no tenemos accesos), cuando la realidad es otra, el control lo ejercen los especuladores, financieros, grandes capitales y la banca, marcando las pautas para obtener mayores beneficios con sus especulaciones.
Nosotros los trabajadores no somos dueños de las materias primas ni del beneficio final tras su venta, somos la mano de obra que manufactura y transforma esas materias primas en productos y a su vez la masa social que los consume, los beneficios obtenidos quedan en manos de los intermediarios descritos anteriormente.
Lo más fácil ha sido el control de las nóminas, pero antes se debería haber realizado algunas acciones para que los Gastos Generales del Estado no se incrementasen progresivamente, supongo que existen más, pero algunas podrían ser:
·Limitar los cargos confianza a costa del Erario Público, en todos los estamentos de la Administración ya sea Central, Autonómica o Local.
·Reformar el Código Penal y agilizarlo para los casos de defraudación, corruptelas, impagos a la S.S. e impuestos, al igual que Hacienda hace con la Declaración de la Renta anual, a los trabajadores (como siempre) en menos de dos meses detectan si nos hemos «olvidado algún ingreso o declarado un gasto inusual».
·In-habilitación, devolución y pago de lo defraudado por cualquier empresa que trabaje para la Administración, pago y penalización también para todas aquellas empresas que defrauden en cualquiera de sus modalidades al igual que se ejerce sobre el resto de los ciudadanos.
·Responsabilizar a los Partidos Políticos y que estos sean garantes de sus cargos públicos, como Responsable Civil Subsidiario, al igual que lo es la Administración en errores cometidos, indemnizando al perjudicado con cargo del Erario Público, incrementando los gastos en detrimento de otras necesidades.
·Exigir declaración real del patrimonio de todos y cada uno de los cargos públicos elegidos o de confianza, antes y después de ejercerlo, sacando consecuencia de ello y de posibles desvíos o enriquecimiento súbito de testaferros o familiares.
21/08/2010
